Ya se conocen los plazos de entrada en vigor de la obligación de facturar electrónicamente las ventas efectuadas a otras empresas.
Entrada en vigor
Recientemente se ha publicado la Orden Ministerial que regula la solución pública de facturación electrónica y establece las fechas definitivas de entrada en vigor de la obligación de expedir facturas electrónicas en las relaciones comerciales entre empresarios y profesionales . Las fechas de entrada en vigor de esta obligación son las siguientes:
- Para las empresas y los profesionales con una facturación superior a ocho millones de euros en el año natural anterior, las nuevas normas serán aplicables a partir del 6 de octubre de 2027 .
- Para el resto de las empresas y profesionales , a partir del 6 de octubre de 2028 .
Adiós a las facturas en PDF
Las facturas electrónicas emitidas a otras empresas deberán basarse en lenguajes de programación específicos (serán mensajes informáticos de carácter estructurado). Por tanto, ya no será válido limitarse a remitir la factura en papel o en PDF por correo electrónico, como suele hacerse hoy en día. En las operaciones en las que los destinatarios sean particulares (salvo en ciertos servicios calificados de especial trascendencia como suministros de agua, luz, gas… en los que el destinatario haya aceptado la factura electrónica), dado que todavía no existirá obligación de emitir factura electrónica, sí seguirán siendo válidas las facturas en papel o en PDF.
Emisisón
Las empresas podrán emitir sus facturas electrónicas a través de la solución pública de facturación cuya regulación acaba de ser aprobada o bien mediante plataformas privadas de facturación electrónica . En ambos casos, una vez emitidas las facturas, Hacienda tendrá acceso a su contenido.
Control de morosidad
Al emitir las facturas se deberá indicar también la fecha de su vencimiento; y los destinatarios, al recibirlas, deberán informar sobre su estado (indicando si son aceptadas, rechazadas o pagadas). Hacienda utilizará estos datos para elaborar un listado público de empresas de gran tamaño que incurran en incumplimientos importantes de los plazos legales de pago, como medida de lucha contra la morosidad.